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El tribunal de la ONU considera que los asentamientos judíos en Palestina “violan el derecho internacional”

El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha declarado este viernes que el control ejercido por Israel en los Territorios Palestinos ocupados ―Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este― “viola las leyes internacionales”. En particular, en el caso de la explotación de los recursos naturales y la política de asentamientos de colonos. Según los jueces, todo ello “equivale a una anexión permanente que impide la autodeterminación de los palestinos”, ha expresado la corte de la ONU, que también ha instado al Gobierno israelí a cesar la actividad colonizadora, así como a reparar el daño causado por la ocupación.

Los jueces han declarado que Israel debe “detener los asentamientos y evacuar a los colonos”, y han instado a todos los estados “a no reconocer como legal la presencia israelí en los Territorios Ocupados”. Además, el TIJ ha pedido a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que “decidan lo que hay que hacer para poner fin a esta situación”.

La opinión consultiva emitida por el TIJ sobre “las consecuencias jurídicas” de los 57 años de control israelí en “el territorio palestino ocupado desde 1967”, no es vinculante. Sin embargo, puede contribuir a que la comunidad internacional presione a Israel en la búsqueda de una solución en forma de dos Estados.

El caso es anterior a la guerra abierta en estos momentos en Gaza, y llegó al tribunal en 2022 a instancias de la Asamblea General de la ONU. Nawaf Salam, presidente del TIJ, ha dicho que “las restricciones de movimiento impuestas por Israel a los palestinos, y la demolición de sus casas, constituyen actos de discriminación sistemática”. También ha dicho que, debido a ello,  los palestinos no pueden ejercer sus derechos. “La ocupación no puede utilizarse como un hecho permanente”.

Para formar su opinión, el tribunal ha tenido que revisar los términos de “la ocupación, asentamientos y anexión de los Territorios Palestinos, junto con las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y la adopción [por parte de Israel] de legislación y medidas discriminatorias conexas”, según la petición de la Asamblea General. Para el Estado judío no se trata de zonas ocupadas desde el punto de vista legal ya que los denomina “territorios en disputa”.

En febrero pasado, una cincuentena de estados miembros de Naciones Unidas presentaron alegaciones en este caso pidiendo al TIJ que declarase ilegal la ocupación. Riad Mansour, representante palestino ante la ONU, aseguró ante el tribunal que su decisión contribuiría “a poner fin a la ocupación de inmediato, allanando el camino hacia una paz justa y duradera”. Israel no participó en las audiencias, pero envió una declaración de cinco páginas, publicada por el tribunal, calificando la opinión consultiva de “perjudicial” para resolver el conflicto.

Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este ―las zonas que Palestina reclama para su propio Estado― durante la guerra de 1967. Desde entonces, ha ido construyendo y ampliando asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania. En 2004, el propio TIJ declaró “contrario al derecho internacional” el muro de separación israelí en la mayor parte de Cisjordania. También exigió que fuera destruido y se indemnizara a las familias afectadas. Al tratarse, como ahora, de un dictamen no vinculante, Israel dijo que no lo aceptaba.

La suerte de los territorios ocupados es un expediente distinto al presentado por Sudáfrica ante el TIJ tres meses después del inicio de la guerra en Gaza. Desatada esta tras del asalto perpetrado por Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023, hubo allí unos 1.200 muertos y unos 250 rehenes, entre civiles y militares. Hasta la fecha han muerto más de 38.700 personas en Gaza por ataques de las tropas de Israel. Sudáfrica argumentó que Israel tiene supuestamente “intención genocida” contra la población palestina, e invocó la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948) de la que ambos forman parte y que deben respetar. Desde entonces, el TIJ ha ordenado tres rondas de medidas cautelares -de obligado cumplimiento- para evitar actos de genocidio contra la población palestina, incluida la hambruna.